LA INFORMALIDAD SIGUE SIENDO UNO DE LOS OBSTÁCULOS MÁS ARRAIGADOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Más del 80 por ciento del empleo agrícola en América Latina continúa operando bajo acuerdos laborales informales, lo que afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en las zonas rurales, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado Trabajo decente e informalidad en el sector agrícola de América Latina, 2019-2023 ( informe completo disponible solo en español ) .
El informe identifica las brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como obstáculos persistentes para el avance del trabajo decente en el sector. A pesar de su papel vital en la seguridad alimentaria, el empleo agrícola sigue enfrentando desafíos relacionados con los bajos niveles de educación, las condiciones laborales precarias y la alta exposición a riesgos ambientales y climáticos.
“La informalidad sigue siendo uno de los obstáculos más arraigados para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina. Este informe ofrece una hoja de ruta para abordarla mediante políticas integradas con enfoque territorial”, afirmó Ana Virginia Moreira Gomes, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
“El estudio se alinea con la Recomendación 204 de la OIT, la estrategia FORLAC 2.0 y el Programa Conjunto que actualmente desarrollan ambas organizaciones para acelerar la formalización del empleo rural”, agregó Moreira Gomes.
“Asegurar trabajo decente en el sector agrícola no se trata solo de mejorar las condiciones laborales; se trata de fortalecer la resiliencia de nuestros países, garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas y mejorar la capacidad de la región para afrontar los desafíos globales”, enfatizó René Orellana, Subdirector General de la FAO y Representante Regional para América Latina y el Caribe. También hizo un llamado a fortalecer la digitalización rural, la financiación sostenida y un diálogo social inclusivo.
Según el informe, la tasa de empleo informal entre las mujeres es del 86,4 %, en comparación con el 78 % entre los hombres. Alrededor del 38,5 % de las mujeres se dedican al trabajo familiar no remunerado, cinco veces la tasa observada entre los hombres. El sector también representa el 46 % del trabajo infantil en la región, y más de la mitad de la fuerza laboral tiene un bajo nivel educativo. Los patrones de trabajo estacionales, la falta de contratos formales y los horarios a tiempo parcial minan aún más la calidad del empleo.
Entre 2019 y 2023, el volumen general de empleo agrícola se mantuvo estable, pero sin avances significativos hacia la formalización. Casi la mitad de los jóvenes del sector y la gran mayoría de las mujeres siguen trabajando en la informalidad.
El informe también examina 35 iniciativas de políticas públicas en toda la región. Si bien muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas se centran explícitamente en la formalización del empleo o incorporan una clara perspectiva de género.
Es importante destacar que el informe presenta diez recomendaciones concretas de políticas para acelerar la transición a la formalidad y garantizar el trabajo decente en el sector agrícola. Estas medidas, basadas en la evidencia y la experiencia regional, buscan integrar el desarrollo productivo, la protección social, los derechos laborales y el diálogo social, transformando la alta informalidad en oportunidades sostenibles para millones de trabajadores rurales.
Ambas organizaciones reafirman su compromiso de apoyar a gobiernos, empleadores y trabajadores en el diseño e implementación de políticas integrales que conviertan al sector agrícola en un verdadero motor de empleo decente, seguridad alimentaria y sostenibilidad en América Latina. Esto no es solo una aspiración, sino un imperativo urgente para garantizar que el dinamismo productivo del sector se traduzca en oportunidades reales y un futuro más justo para las comunidades rurales.